La tecnología y la innovación son pilares fundamentales para el Plan Productivo Nacional (PPN). Y, en ese contexto, los emprendedores juegan un rol protagónico, según definió el Gobierno nacional al presentar las leyes que promueven el fortalecimiento de ese sector de la economía.

El Ministerio de la Producción de la Nación estima que, hacia 2020, el paquete de leyes destinado al mundo emprendedor favorecerá la creación de unas 560 nuevas empresas y la generación de más de 16.000 empleos directos. Los emprendedores son impulsores clave de la innovación: tienen menor aversión al riesgo, una gran apertura a las nuevas oportunidades y mejores estímulos.

El paquete de normas presentado por el Gobierno nacional contiene dos pilares:

• Ley de apoyo al capital emprendedor y Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS). Mediante esta norma se podrá crear un negocio o una empresa en 24 horas y en forma digital. La empresa SAS permitirá ahorrar costos y tiempos, reducir la informalidad, a la vez que ayudará a una mayor recaudación fiscal, como consecuencia de la incorporación de nuevas empresas y la generación del empleo formal.

Abrir una empresa en la Argentina, según el Ministerio de Producción, demora en promedio entre 45 y 60 días y conlleva costos elevados, que favorecen la informalidad. Representa una oportunidad para tres millones de monotributistas; para 42% de ocupados que son informales; para que las 60.000 empresas que se crean por año en la Argentina lo hagan de forma simple y ágil. Además, se generan mecanismos para que el capital inversor se dirija hacia los emprendedores, bajo dos esquemas.

• Capital emprendedor: apostar a que las ideas se desarrollen en el país y a generar confianza para que el mundo inversor apueste al talento argentino.

• Financiamiento colectivo: incentivar a que los argentinos confíen e inviertan en otros argentinos, creando fondos de financiamiento y aceleradoras de negocio.

El proyecto legislativo busca dar apoyo al capital emprendedor a partir de incentivos fiscales, de instrumentos de co-inversión y de mecanismos de financiación modernos (financiamiento colectivo).

• Ley de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). En la actualidad no hay resguardo jurídico para la constitución y desarrollo de empresas sociales. La figura jurídica de Empresa Social no existe en nuestro país ni en toda Latinoamérica.

Con la sanción del proyecto, la Argentina dará lugar a la creación de empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BICs) y será el primer país de la región en reconocerlas y protegerlas jurídicamente. Su propósito es proteger jurídicamente para ayudar a quienes proyecten sus negocios con una mirada de triple impacto: económico, social y ambiental. Según el Ejecutivo, la Argentina será el primer país de la región en tener un registro de este tipo de empresas.

También se prevé la creación de 10 fondos de financiamiento hasta 2019. El 40% del aporte corresponderá a la inversión pública y tendrá como requisito un capital mínimo de U$S 30 millones por fondo.

Además, se pretende llegar a 12 aceleradoras, con licencias por 4 años, en las que se destinarán aportes para los gastos operativos y se co-invertirá a través de préstamos convertibles.